El impuesto sobre el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana -IVTNU-, o plusvalía municipal, puede, en su definición, tener cierto sentido cuando pretende que las haciendas locales participen, al producirse una transmisión de titularidad, de las plusvalías producidas por la inversión que aquellas realizan en bienes y servicios, pero en la práctica su aplicación es absurda e injusta, sirviendo tan sólo como instrumento recaudatorio «facilón».

La fiscalidad y los impuestos del mercado inmobiliario, en especial en lo relativo a vivienda, y en particular este conocido gravamen, son un «sinsentido consentido» valga la expresión. No hay más que leer artículos tan claritos como el siguiente: Inconstitucionalidad de la Plusvalía Municipal para que no haga falta extenderse demasiado.

En Alcorcón el gravamen de este impuesto se ha duplicado en 4 años. La primera subida en torno al 45%, se produjo como consecuencia de la actualización de los valores catastrales que fue aprobada en el último pleno municipal de diciembre de 2008, casi con nocturnidad diría yo. Y ahora, como consecuencia de aquella actualización, al retirar la reducción que se aplicaba desde entonces, el impuesto vuelve a encarecerse un 40% más.

Por poner un sencillo ejemplo, una vivienda de unos 120m2, comprada en 2002 y vendida en 2012 en Alcorcón, pagaría ahora mismo unos 8.500 € (en diciembre 2012 habría pagado unos 6.000 € y si no se hubiera producido la actualización de 2009 habría pagado unos 4.000 €). Pero lo más triste e injusto para el propietario, y transmitente, quizás sea que, como consecuencia de los ajustes de los precios, en 2012 percibe por su vivienda lo mismo que pagó por ella en 2002, es decir realmente no tiene ni plusvalía ni ganancia patrimonial alguna, si no pérdidas en términos relativos.